Adentrarse en el vasto mundo del lenguaje jurídico es como abrir una caja de Pandora lingüística, donde cada término es una pieza en el complejo rompecabezas de la Ley y la Justicia. Este tema, más que una travesía sencilla, se convierte en un complejo laberinto de formalidades, abstracciones y sutilezas que desafían incluso a los expertos más experimentados en el ámbito legal.
Sin embargo, adentrarse en este universo lingüístico no es tarea fácil. Nos encontramos frente a un lenguaje que se viste de formalidad, se enmaraña en rituales y se eleva a alturas de abstracción que desafían la mente humana. El uso de latinismos y tecnicismos añaden capas de complejidad que muchas veces obnubilan la claridad y la concisión en los textos jurídicos.
En este contexto, surge la necesidad imperante de claridad y accesibilidad en el lenguaje legal. Ya no basta con el ropaje pomposo y hermético que reviste las sentencias y los documentos legales. En un mundo donde la transparencia y la comprensión son valores supremos, el lenguaje jurídico claro emerge como un faro en medio de la oscuridad lingüística. Los abogados, conscientes de esta nueva realidad, se enfrentan al desafío de comunicar de manera clara y comprensible las complejidades del derecho. Ya no se trata solo de defender intereses, sino de construir puentes de entendimiento con sus clientes y con la sociedad en su conjunto.
"Es esencial que las palabras susciten a los hombres las mismas ideas" — Montesquieu
Es común que, dentro de nuestro ámbito, nos movamos con una "jerga común", una terminología técnica que brinda precisión y especificidad a nuestras comunicaciones. Pero, paradójicamente, esta misma precisión a menudo se convierte en una barrera para aquellos que no son versados en derecho. Los largos párrafos plagados de formalidades y arcaísmos, junto con la información superflua, dificultan la comprensión y exigen la mediación de un abogado para desentrañar los derechos y decisiones en juego.
¿Realidad o Aspiración? La Reforma del Lenguaje Judicial en Formosa
En el tapiz jurídico de la provincia de Formosa, el año 2023 se vistió con un manto de cambio. El Superior Tribunal de Justicia, en un acto de reconocimiento de la necesidad imperante de claridad y accesibilidad en el lenguaje judicial, dictaminó el Acuerdo 3174. Este acuerdo, como un faro en medio de la complejidad lingüística, proclamaba la abolición de expresiones como "su señoría", "excelentísimo" o "vuestra excelencia", en favor de un enfoque más claro y conciso, limitándose a "Sr o Sra" seguido del cargo correspondiente.
Sin embargo, la realidad nos susurra una historia diferente. A pesar de la existencia de esta guía de lenguaje claro, los expedientes aún están impregnados de latinismos y formalidades arcaicas. Esta desconexión entre la teoría y la práctica nos lleva a cuestionarnos el verdadero alcance del cambio propuesto por el acuerdo. ¿Es la guía un mapa claro que señala el camino hacia una justicia más transparente, o es simplemente un documento que se pierde en la maraña de la complejidad legal?
En otras provincias de nuestro país, como en Corrientes, hemos visto intentos similares de simplificar el lenguaje jurídico. En el año de la pandemia, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes explicó detalladamente a un condenado por qué se le rechazaba la apelación en una sentencia condenatoria y en otra contra la denegatoria del cese de prisión. Sin embargo, aún queda por ver si estas iniciativas logran arraigar y transformar realmente la forma en que se comunica el derecho en el día a día de las instituciones judiciales.
Al analizar esta propuesta a la luz de la reflexión sobre el lenguaje democrático, nos enfrentamos a la pregunta fundamental: ¿Es verdaderamente democrático un lenguaje legal que el pueblo no puede comprender? La respuesta parece clara: un lenguaje que excluye a la mayoría de la población no puede ser considerado verdaderamente democrático. Por lo tanto, la guía de lenguaje claro en Formosa no solo es un esfuerzo por simplificar el discurso jurídico, sino también un paso hacia una mayor democratización del acceso a la ley y la justicia.
Sin embargo, como en cualquier proceso de cambio, persisten desafíos y resistencias. Por lo tanto, el desafío para Formosa y otras jurisdicciones que buscan simplificar su lenguaje jurídico no solo reside en la redacción de directivas y acuerdos, sino también en la implementación efectiva de estos principios en la práctica diaria de la administración de justicia. Solo cuando el lenguaje del derecho sea verdaderamente accesible para todos los ciudadanos, estaremos más cerca de alcanzar la plena realización de los ideales democráticos consagrados en nuestra Constitución Nacional.
"Un nuevo capítulo: La Corte Suprema se suma al lenguaje accesible"
En la primera semana de mayo de 2024, una noticia resonó en el ámbito judicial argentino: la Corte Suprema de Justicia de la Nación se incorporó a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro (RPLC).
La importancia de esta medida radica en su impacto en la comprensión y accesibilidad de las sentencias judiciales. Al unirse a esta red, la Corte Suprema se compromete a promover el uso de un lenguaje claro y comprensible en todos sus pronunciamientos, lo que facilitará que los ciudadanos comprendan mejor sus derechos y obligaciones frente a la Ley.
En el caso específico de Formosa, donde se han observado desafíos en cuanto a la comprensión del lenguaje jurídico y la accesibilidad de los procedimientos legales, esta iniciativa podría ser especialmente relevante. Al adoptar un enfoque más claro y comprensible en sus pronunciamientos, la Corte Suprema puede inspirar y motivar a otras instancias judiciales, incluidas las provinciales, a seguir su ejemplo y trabajar hacia una justicia más accesible para todas las personas.
¿Hacia dónde nos lleva la búsqueda de claridad?
Ante el desafío de comunicar el complejo entramado del derecho de manera accesible, los abogados nos vemos obligados a adaptar nuestras habilidades comunicacionales. Es un llamado a escribir pensando no solo en nuestros pares legales, sino también en aquellos que se ven afectados por nuestras palabras: clientes, ciudadanos comunes, y quienes buscan comprender sus derechos y obligaciones.
Las recomendaciones de George Orwell, célebre por su claridad lingüística, nos ofrecen un enfoque práctico para simplificar el lenguaje jurídico. ¿Qué intentamos decir? ¿Qué palabras lo expresan? ¿Cómo podemos hacerlo más claro y memorable? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre la eficacia de nuestra comunicación.
En este contexto, la implementación de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, así como otras iniciativas similares, señala un cambio en el paradigma legal. ¿Pero es suficiente? ¿Estamos realmente logrando la transparencia y accesibilidad que se necesita en el mundo del derecho? ¿O seguimos aferrados a viejas prácticas y formalismos?
Es hora de reflexionar y cuestionar nuestras prácticas, tanto como abogados como ciudadanos. ¿Utilizamos realmente un lenguaje accesible en nuestra comunicación legal? ¿Estamos dispuestos a abandonar viejos formalismos en favor de una justicia más inclusiva y comprensible para todos? Las respuestas a estas preguntas son fundamentales para construir un sistema legal que verdaderamente sirva a la sociedad. ¿Cuál es tu opinión? ¿Utilizas tú estos tecnicismos en tu comunicación legal? ¿Crees que deberíamos hacerlo?